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Líneas de Acción - Reforma Legal

Trabajo sexual masculino y femenino

Si bien es cierto que el Código Penal peruano vigente señala que la prostitución NO es un delito (Art. 179-182), en la práctica, esta forma de trabajo está criminalizada, al punto que los policías y el personal de Serenazgo municipal constantemente vulneran los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales. (1)

La justificación que se da es que la prostitución en la vía pública no está autorizada y que además la exhibición “obscena” en lugares públicos es un delito tipificado en el actual Código Penal (Art. 183, inciso 2).

Por ello se afirma que el trabajo sexual está criminalizado de facto.

El problema con la regulación de las relaciones sexuales consensuales entre adultos que imponen el Código Penal y otros instrumentos de la legislación peruana vigente (como las ordenanzas municipales y las “licencias especiales”), es que se basa en la figura del “pudor público” como un bien jurídicamente protegido.

Sin embargo, distintos especialistas en el tema ya han explicado que el pudor público -también conocido como “buenas costumbres”- no existe, ya que este es altamente subjetivo y depende de cada persona. Aun cuando efectivamente existe un pudor individual, no existe evidencia para afirmar que también exista un pudor público promedio que es violentado ante las expresiones públicas de la sexualidad.

Nuestra propuesta consiste en eliminar el concepto del “pudor público” del Código Penal y de los demás instrumentos legales similares vigentes.


(1) Aun cuando también se violan los derechos de los trabajadores sexuales que se prostituyen en la vía pública (los travesti o trasvestidos), se abordará el caso de la población femenina por ser la población más vulnerable.


Exhibición pública de productos y actos sexuales

En el artículo 183 del código penal vigente se señala que:

“será reprimido con pena privativa de la libertad no menos de dos años ni mayor de cinco años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena”.

Como se ha señalado anteriormente, esta restricción parte de un concepto jurídico muy cuestionado en la actualidad: la obscenidad.

Cuando se analiza la concepción vigente de obscenidad es fácil determinar hasta qué punto la definición de lo obsceno está inundada de impresiones emotivas (asco, repugnancia) o a lo más de planteamientos tautológicos (lo obsceno es lo impúdico y lo impúdico es lo indecente, aquello que ofende el pudor, lo falto de pudor; es decir, nuevamente lo impúdico).

Dicho de otro modo, es una concepción teñida de prejuicios y deformada por los sesgos ideológicos, la cual deja de lado el análisis racional, desapasionado y basado en hechos objetivos.

Al final, lo que las normas legales protegen es una escala de valores morales, la cual resulta ampliamente beneficiada, en desmedro de otro conjunto de valores, expresión de una visión distinta de la vida y la naturaleza humana.

Por esa razón se propone eliminar del código penal la figura de lo obsceno y del pudor público a fin de legalizar las expresiones públicas de la sexualidad (exhibiciones eróticas, venta de productos eróticos, distribución y exhibición de productos pornográficos, etc.), siempre que esté dirigida a un público adulto.


Reuniones privadas sexualmente explícitas

Asimismo, y a pesar de que la Constitución ampara el derecho de reunión, el libre tránsito y la intimidad, las autoridades hostilizan las reuniones privadas de adultos con carácter sexual, bajo el pretexto de velar por la “moral” y las “buenas costumbres”. Por esa razón, las reuniones privadas sexualmente explícitas deben realizarse a escondidas y de forma casi clandestina.

Los especialistas coinciden en que la moral y el pudor dependen de cada persona y que no se puede afirmar que exista un “pudor público” promedio. Y hasta la fecha nadie ha podido dar una definición coherente y fundamentada sobre lo “obsceno” o las “buenas costumbres”.

Para evitar violaciones a los Derechos Humanos, las palabras “obsceno” y “pudor público” deben ser eliminadas del Código Penal peruano.

El planteamiento es modificar las ordenanzas municipales a fin de evitar que los empleados municipales y los policías sigan violando los derechos constitucionales de las personas que asisten a reuniones sexualmente explícitas.


Matrimonio entre personas del mismo sexo y matrimonio no monogámico

El marco legal y la Constitución del Perú se basan en un modelo de matrimonio heterosexual y monogámico, pero esto va en contra de los derechos que la misma Constitución ampara para las personas que tienen otra forma de vida, como los mormones o los devotos del Islam.

Dado que el ordenamiento legal (en lo que se refiere a la adquisición y repartición de bienes) y la concepción moral plasmada en la legislación peruana solo permite el matrimonio heterosexual monogámico, es necesario hacer cambios al ordenamiento jurídico actual de tal manera que se permita la incorporación de familias cuyo modelo de matrimonio escapa a la visión tradicional de matrimonio y familia.


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Última actualización: 20 de enero de 2015